Según el censo de las propias comunidades indígenas viven en 19 resguardos, de los cuales sólo tres están organizados en cabildos.
Desplazamiento, organización incipiente, uso de sus territorios sin consulta previa, falta de servicios básicos como salud, agua potable y viviendas dignas es apenas un esbozo del panorama de vulnerabilidad en que se están los indígenas en el Meta y los Llanos Orientales.
Uno de los episodios más recientes, ocurrido la semana pasada, en el que los últimos indígenas que resisten en el resguardo Mocuare se declararon en riesgo de desplazarse por los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, dejó en claro que es urgente la intervención estatal para evitar la extinción de las nueve etnias que habitan en la sabana llanera, y que fueron declaradas por la Corte Constitucional en alto riesgo de desaparecer. Tres de ellas son originarias del Llano: sikuani, nukak y jiw o guayabero.
Los jiw viven desde el 2008 la presión de la guerra sobre sus territorios (vea página 5.), situación de la que también son víctimas de tiempo atrás los indígenas nukak, la última etnia nómada que existe en Colombia.
Para ponerles freno a estos atropellos contra la población indígena en el Meta, la Gobernación está decidida a dejar lista a mediados del 2011 la política pública para poblaciones indígenas, construida de manera conjunta con las comunidades y con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que beneficiará a los 12.300 indígenas que habitan en el departamento, según el censo de las propias comunidades.
"Lo primero es un mapeo de la situación real que diga exactamente dónde están las comunidades, en qué condiciones, cuáles son las vulnerabilidades y de allí ir diseñando los instrumentos de política pública", dijo Giovanni Lepri, jefe de Acnur en Villavicencio.
Uno de los aspectos en los que trabaja la Defensoría del Pueblo es en la capacitación a los pueblos indígenas, para que comprendan los alcances del Auto 004 del 2009, que obliga al Estado a proteger sus derechos, incluidos su cultura y sus territorios (vea nota anexa).
Como resultado de estas capacitaciones, en las que han participado además Acnur, Pastoral Social y la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), los jiw anunciaron la creación de una organización similar a la de los indígenas del Cauca, lo que representa un avance, pues tendrán capacidad para interlocutar con el Estado y particulares.
Intereses cruzados por tierras
Casos como el certificado otorgado por el Ministerio del Interior a empresas de exploración de hidrocarburos para llegar a territorios indígenas en zona de Mapiripán (Meta) y Cumaribo (Vichada), son apenas un ejemplo de las tensiones que se presentan entre pueblos indígenas y empresas petroleras, por el uso de esos territorios.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) da prelación al derecho de los pueblos indígenas sobre las tierras que ellos consideran hacen parte de su territorio ancestral, así no esté decidida una eventual ampliación del mismo, a petición de las comunidades indígenas.
"Hasta que haya una respuesta, sea afirmativa o negativa a la petición de los pueblos indígenas, no se puede disponer de ese territorio", dijo Giovanni Lepri, jefe de Acnur enVillavicencio.
'Discriminadas'
Mercedes Rodríguez, líder indígena de la comunidad que habita en el resguardo Corozal Tapaojo, en límites entre Meta y Vichada, a dos horas a pie de Carimagua, a nombre de las mujeres indígenas de este pueblo, reclamó por la condición de discriminación que viven ellas.
"Las mujeres indígenas somos las más marginadas, primero porque no sabemos leer ni escribir, somos iletradas, y por el solo hecho de ser indígenas somos discriminadas", dijo Mercedes en entrevista con Llano 7 días.
Y aunque el panorama parece mejor para las nuevas generaciones, puesto que las niñas asisten a clases, al igual que los niños, "sólo tenemos hasta quinto de primaria y el colegio más cercano queda demasiado lejos para que puedan asistir nuestros niños", dijo la líder indígena.
En el resguardo, que cuenta con 10.300 hectáreas, viven 1.200 indígenas de las etnias piapoco y sáliva, con una población de 211 infantes.
http://www.eltiempo.com/colombia/llano/indigenas-que-viven-cerca-al-rio-guaviare-viven-en-constante-peligro_7897992-1
Indígenas que viven en las cercanías al río Guaviare están en peligro por el conflicto armado
El objetivo del Gobierno es cercar a las Farc, pero esto ha llevado a que el conflicto sea permanente en zonas donde habitan varias comunidades indígenas, lo cual pone en riesgo sus vidas.
Arrinconar a la guerrilla de las Farc, uno de los objetivos de la guerra que se libra en la actualidad en las selvas del Guaviare y el sur del Meta, paradójicamente también arrinconó a los indígenas Jiw que habitan en el resguardo Mocuare, ubicado en jurisdicción de Mapiripán, en la ribera del río Guaviare.
A tal punto llegó la situación, que el defensor regional del Pueblo, Eduardo González Pardo, habla de que los últimos 113 indígenas Jiw que están en el resguardo, se encuentran "confinados".
Los otros habitantes de esta etnia indígena están 'refugiados' en un asentamiento provisional en Mapiripán, desde el 2009, cuando salieron desplazados.
Los Jiw que aún resisten en el resguardo Mocuare, han pensado incluso también en desplazarse a Mapiripán o Puerto Alvira, por el temor a ser víctimas de los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, lo que dejaría en el completo abandono este territorio indígena.
Por ahora, y para suplir la carencia de alimentos que les suministraban los colonos que habitaban en el sector de Mocuare sobre la orilla del río Guaviare que pertenece al departamento del Guaviare, y que desde el 20 de agosto se desplazaron también por la presión del conflicto armado, Acción Social les envió alimentos para cerca de 15 días.
Sin embargo, el defensor del Pueblo busca una solución más integral a la situación de esta población indígena, que, dijo, "están viviendo casi en condiciones de indigencia".
Por eso, para el defensor, es claro que hay que superar la condición de confinamiento que viven en la actualidad los indígenas Jiw.
"La presencia de los actores armados hace que la movilidad de estos indígenas esté restringida", dijo González Pardo.
Su cultura de cazadores-recolectores, que les garantiza conseguir el alimento para ellos y su familia, quedó 'atrapada' entre las balas y proyectiles que se lanzan de lado a lado del río el Ejército y la guerrilla.
Mientras esta situación persista, los Jiw no podrán salir a conseguir las lapas, micos, chigüiros o cachires, ni a pescar, lo que los pone en alto riesgo por la falta de alimentos.
Retorno bajo protocolos internacionales
Para garantizar el retorno de los colonos que habitaban en la vereda Mocuare, frente al resguardo indígena del mismo nombre, y tan sólo por el río Guaviare, el próximo lunes 13 de septiembre se reunirá el Comité Interdepartamental de Atención Integral a Población Desplazada, al que asistirán autoridades de Meta y Guaviare.
El proceso de retorno estará acompañado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Defensoría del Pueblo, como garantes de que se cumplan los protocolos internacionales para el retorno de población desplazada.
"Debe haber unas condiciones mínimas para el retorno", dijo Giovanni Lepri, jefe de la oficina de Acnur en Villavicencio, una de las cuales se cumplió ayer con el retiro del acorazado del Ejército que permanecía anclado en Puerto Alvira. También buscarán que se garantice el servicio de salud y del internado.
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/acin-gano-el-premio-bartolome-de-las-casas_7898741-1
Arrinconar a la guerrilla de las Farc, uno de los objetivos de la guerra que se libra en la actualidad en las selvas del Guaviare y el sur del Meta, paradójicamente también arrinconó a los indígenas Jiw que habitan en el resguardo Mocuare, ubicado en jurisdicción de Mapiripán, en la ribera del río Guaviare.
A tal punto llegó la situación, que el defensor regional del Pueblo, Eduardo González Pardo, habla de que los últimos 113 indígenas Jiw que están en el resguardo, se encuentran "confinados".
Los otros habitantes de esta etnia indígena están 'refugiados' en un asentamiento provisional en Mapiripán, desde el 2009, cuando salieron desplazados.
Los Jiw que aún resisten en el resguardo Mocuare, han pensado incluso también en desplazarse a Mapiripán o Puerto Alvira, por el temor a ser víctimas de los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, lo que dejaría en el completo abandono este territorio indígena.
Por ahora, y para suplir la carencia de alimentos que les suministraban los colonos que habitaban en el sector de Mocuare sobre la orilla del río Guaviare que pertenece al departamento del Guaviare, y que desde el 20 de agosto se desplazaron también por la presión del conflicto armado, Acción Social les envió alimentos para cerca de 15 días.
Sin embargo, el defensor del Pueblo busca una solución más integral a la situación de esta población indígena, que, dijo, "están viviendo casi en condiciones de indigencia".
Por eso, para el defensor, es claro que hay que superar la condición de confinamiento que viven en la actualidad los indígenas Jiw.
"La presencia de los actores armados hace que la movilidad de estos indígenas esté restringida", dijo González Pardo.
Su cultura de cazadores-recolectores, que les garantiza conseguir el alimento para ellos y su familia, quedó 'atrapada' entre las balas y proyectiles que se lanzan de lado a lado del río el Ejército y la guerrilla.
Mientras esta situación persista, los Jiw no podrán salir a conseguir las lapas, micos, chigüiros o cachires, ni a pescar, lo que los pone en alto riesgo por la falta de alimentos.
Retorno bajo protocolos internacionales
Para garantizar el retorno de los colonos que habitaban en la vereda Mocuare, frente al resguardo indígena del mismo nombre, y tan sólo por el río Guaviare, el próximo lunes 13 de septiembre se reunirá el Comité Interdepartamental de Atención Integral a Población Desplazada, al que asistirán autoridades de Meta y Guaviare.
El proceso de retorno estará acompañado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Defensoría del Pueblo, como garantes de que se cumplan los protocolos internacionales para el retorno de población desplazada.
"Debe haber unas condiciones mínimas para el retorno", dijo Giovanni Lepri, jefe de la oficina de Acnur en Villavicencio, una de las cuales se cumplió ayer con el retiro del acorazado del Ejército que permanecía anclado en Puerto Alvira. También buscarán que se garantice el servicio de salud y del internado.
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/acin-gano-el-premio-bartolome-de-las-casas_7898741-1
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca recibió el Premio Bartolomé de las Casas
El premio a su gestión cultural, educativa y política fue entregado por la Reina Sofía de España .
Jorge Arias, consejero mayor de la ACIN (la asociación), y Eduardo Yatacué, responsable de comunicación, recogieron el galardón, dotado con 50.000 euros, en el salón de Embajadores de la Casa de América de Madrid.
El acto de entrega estuvo presidido, además por el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; la secretaria española de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez; e Inma Turbau, directora de Casa de América.
Moratinos destacó la labor de la asociación indígena, un trabajo que la convierte- en "punto de referencia para los pueblos del Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia".
El ministro señaló también la necesidad de trabajar por el derecho a la comunicación de la población indígena del mundo, "para que así puedan dar a conocer su realidad".
En ese sentido, recordó el compromiso de España "como defensor activo de los derechos de esos pueblos, que se lleva a cabo a través de la cooperación activa con su población civil".
La ACIN, creada en 1994, actúa en el municipio de Santander de Quilichao y agrupa a 16 cabildos indígenas.
El Premio Bartolomé de las Casas se convoca desde 1991 por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la Casa de América con el fin de reconocer "el trabajo a favor del entendimiento y la concordia con los pueblos indígenas y la protección de sus derechos y el respeto de sus valores".
Madrid (España).
Efe.
Envío de Angélica Aranguren Paz.
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